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Cinco puntos a considerar ante las tomas de tierras

Por Andrés Politis, Licenciado en Geografía

En los últimos días volvió a la Comarca un conflicto derivado de la problemática de las tomas de tierras. Esta vez, el escenario está dado por aproximadamente ocho hectáreas ubicadas en cerro Radal, Lago Puelo. Administradas históricamente por la subsecretaría de Bosques de la provincia de Chubut pasaron parcialmente a la órbita municipal a partir de una transferencia realizada a través de un decreto del gobernador chubutense, Mariano Arcioni que aún no entra en vigencia.

Los lotes ya tenían como preadjudicatarios a 120 vecinos de la localidad, quienes reclaman el desalojo de un conjunto de personas que se instalaron irregularmente sobre las tierras hace pocas semanas atrás.

La ocupación irregular de tierras como mecanismo de acceso a la vivienda tiene una particular incidencia en la Comarca Andina. Un relevamiento realizado en el año 2012 por la Municipalidad de El Bolsón constató que nada menos que el 22% de su población vivía en las diferentes tomas de tierras que componen la ciudad. Se puede afirmar que la irregularidad en la tenencia de la tierra en la zona duplica la media nacional.

La problemática de la toma de tierras es muy compleja, está dada por una multiplicidad de factores que deben ser tenidos en cuenta. El hecho en sí, no puede verse desprendido del contexto. Nuestro país arrastra desde hace décadas un déficit habitacional enorme, encuentra en el acceso al hábitat una de sus principales cuentas a resolver.
En este sentido, ante una nueva toma, vale detenerse a considerar los siguientes aspectos:

  • Las políticas de hábitat para paliar la problemática llevan largo tiempo oscilando entre la ausencia y la ineficiencia. La construcción pública de viviendas no ha acompañado de ningún modo al crecimiento demográfico. Ha habido planes de crédito hipotecario interesantes como el PROCREAR pero que por sus requisitos de cumplimiento sólo han alcanzado a una pequeña porción de la población demandante de solución habitacional.
  • Relacionado en parte a lo anterior, es creciente el desfasaje entre el poder adquisitivo de los trabajadores y los valores fijados por el mercado inmobiliario. La “casa propia” para vastos sectores populares y de clase media no es más que una aspiración inalcanzable. Los precios de los bienes inmobiliarios se despegan cada vez más del alcance de los salarios a nivel nacional. Mientras que en 2001 el salario promedio del sector privado representaba el 147% de un metro cuadrado, diez años después representaba apenas el 73%.
  • A escala regional, para la Comarca Andina los últimos 25 años representaron un fuerte cambio en su estructura territorial-económica, dentro de la cual el turismo y los negocios inmobiliarios cobraron un fuerte dinamismo, dejando en un segundo plano las actividades económicas agrícola-ganaderas, más tradicionales de la región, y motivando una fenomenal multiplicación en el valor del suelo y de la vivienda. La mercancía suelo en estas ciudades es potencialmente suelo turístico, es decir, posible de ser consumido con la finalidad de construir alojamiento dedicado al uso temporal, lo cual incrementa su valor debido a la alta rentabilidad que se puede obtener.
  • También en el marco de la Comarca, es de destacar la existencia de un crecimiento demográfico muy elevado, desprovisto de una planificación urbana acompañante. Derivado de flujos migratorios que se mantienen constantes, estos ejercen presión sobre la demanda de viviendas y sus precios respectivos. Estas migraciones se explican fundamentalmente por personas provenientes de grandes ciudades del país que llegan a la Comarca en búsqueda de un estilo de vida más tranquilo y en un entorno natural privilegiado. El Barrio Arrayanes de El Bolsón, caracterizado por ser receptor de familias foráneas, ha visto un exponencial incremento en el valor sus terrenos.
  • Los cuatro puntos anteriores convergen en la comarca para profundizar las restricciones habitacionales. Así, desde una lógica de necesidad, vale tener en claro que muchas personas no tienen opciones para acceder a la tierra por la vía formal. No obstante, y aquí aparece el quinto elemento, las tomas de tierra en la comarca tienen un alto contenido de tipo especulativo. No siempre son realizadas por “familias que realmente lo necesitan”, sino que muchos especuladores se hacen ilegalmente de amplísimas extensiones para luego parcelarlas y venderlas, configurando un mercado informal de compra-venta de lotes.

El acceso a la vivienda es un derecho, pero las tomas de tierra no constituyen de ningún modo una solución. Por el contario, desembocan en un crecimiento anárquico y fragmentado de la ciudad, que potencia múltiples problemáticas que decaen sobre sus habitantes, empezando por el impacto ambiental.

Grandes extensiones de bosque nativo de alto valor ecológico, fundamentales para contener la erosión de suelos e inundaciones, han sido devastadas. En simultáneo, la falta de espacios verdes públicos se ha tornado una constante evidente, pues en las tomas de tierra no se han dejado lugar para los mismos a su interior y crece el hacinamiento. Por otra parte, la ausencia de centros de salud y escuelas cercanas a los barrios surgidos de las tomas son un agravante para toda la población.

El escenario final es con urbanizaciones que no cuentan con cloacas ni acceso a la red de gas natural (esto último potencia la tala ilegal ante la demanda de leña), y en donde a los servicios de luz y agua se accede en general de modo irregular.
Gran cantidad de familias viven en situación de riesgo, al estar asentadas sobre lugares no aptos para edificar por cuestiones topográficas o geofísicas (en situación de riesgo de desmoronamiento o de inundación). La falta de alumbrado público, el mal estado de las calles y la ausencia de transporte público completan el decorado de estos espacios urbanos originados irregularmente.

Todas estas situaciones derivan de una ausencia de planificación en la zona que todavía puede ser revertida. Un indicio lo da la iniciativa de la municipalidad de Lago Puelo, con el planteo de un Registro Único de Solicitantes de Tierras que, de implementarse adecuadamente, permitiría planificar ordenadamente la disposición de las nuevas viviendas contemplando la presencia de centros de salud, servicios y espacios verdes adecuados. Se trata de gestionar esta problemática que ya existe y podría agravarse pasada la cuarentena si la elección política comarcal es des gobernarla.