Comunicados y Prensa

Carta Abierta de Jose Ocampo, del Sindicato Maderero, a las autoridades municipales y provinciales

Por José Francisco Ocampo, titular del Sindicato Maderero

Nuestro intendente Bruno Pogliano (El Bolsón, Río Negro) y nuestra gobernadora Arabela Carreras, han opinado del fallo del juez federal de S.C. de Bariloche, Gustavo Zapata. Estas opiniones nos ponen hoy, a mí (y a otros como yo) y a ellos, en un extremo diferente de un modo de interpretar la política y también la ley. Sobre la ley, aun cuando el juez Zapata no había dictaminado la falta de delito en las llamadas “tomas del Mirador del Azul” y cuando todavía la fiscal Little (quien con su obrar hace honor a su apellido) opinaba que no había delito en esos hechos; escribí un alegato -tal vez demasiado largo- tratando de explicar por qué, efectivamente, en el accionar de los “supuestos usurpadores” (que realmente están acuciados por el estado de necesidad) no están configurados todos los elementos de esa conducta, para ser delito. El juez federal, seguramente, lo explicó mejor que yo, no volveré sobre el tema jurídico.

Lo “peligroso” de la decisión judicial y lo “realmente peligroso”

Respecto a la dimensión política: Bruno Pogliano dice: “Es peligroso y alarmante el mensaje que expresa el magistrado en su resolución, dado que al no reconocer delito en la usurpación de tierras fiscales promueve este accionar…”, la gobernadora Arabela Carreras, lo apoya y declara (según Infobae, 12/09/2020): “es inadmisible que un magistrado avale una toma de tierras”.

Mi estimado Intendente (y también a Ud. Gobernadora) lo realmente peligroso, es que Uds. como dirigentes mandatados de nuestro municipio y provincia, no hayan tomado (y fácticamente se nieguen a hacerlo) ninguna medida que haga que cese el estado de necesidad de los pobres desesperados, que los exculpa (a ellos) aun cuando la figura de su accionar sea típica. A favor de Uds. diré que no lo han hecho Uds. pero tampoco nadie, desde hace ya varias gestiones, provinciales y municipales, e incluso, nacionales.

Lo realmente peligroso, porque eso sí puede generar más “tomas”, es que no se les ocurra nada mejor que denostar a un fallo (el del juez Zapata) que tiene abundante basamento doctrinario y jurisprudencial, en vez de, sin más trámite, ponerse a hacer lo que el mandato constitucional nacional y provincial e incluso el de la Carta Orgánica de El Bolsón, les obliga a hacer. Es decir: Accionar en pos de garantizar para nuestros habitantes, el logro de la vivienda digna, o al menos la posesión de la tierra para poder intentarlo.

¿Qué no se puede solucionar esto “de la noche a la mañana”? es obvio. Pero hay que dar los primeros pasos señores mandatarios, esa es su obligación. Si me permiten, les dejo aquí 10 medidas que tal vez les sirvan para ello, si Uds. no lo creen así, tal vez algún concejal o legislador, quiera comprometerse y legislar al respecto. A saber:

  1. Determínense cuáles sean las tierras baldías y/u otras propiedades inmuebles que pudiesen ser utilizadas.
  2. Mensúrense las mismas, delimítense lotes de un mínimo de 12,5m por 25 m.
  3. Establézcanse censalmente -en un plazo razonable- las familias necesitadas (sin discriminación alguna). Si alguno no es censado, que pueda presentarse y ser registrado.
  4. Fíjense criterios de prioridad para ser adjudicatario, la antigüedad como habitante de El Bolsón, debe ser contemplada, pero no debe ser el único criterio.
  5. Nomínese una Comisión de vecinos representativos de diferentes organizaciones de la localidad, que controlen y garanticen la transparencia de las adjudicaciones.
  6. Adjudíquense los lotes mensurados a las familias según los criterios que se hayan establecido.
  7. Determínese un monto razonable que se fije como derecho de ocupante
  8. Prohíbase la cesión de derechos de las tierras adjudicadas. Aquellos que las abandonen, no construyan nada, en un plazo razonable a fijar, intenten “venderlas”; serán desalojados y/o no podrán volver a estar en la lista de posibles adjudicatarios, por lo menos, por un plazo de 10 años luego del evento del que se trate.
  9. Legíslese para que las tierras adjudicadas en ocupación (o la figura que mejor cuadre ala ocasión) sean tasadas a un valor fiscal determinado y/o -lo que suceda primero- sean titularizadas a favor de los ocupantes, cuando satisfagan el pago del precio fijado o transcurran 20 años de su ocupación pagando el derecho precitado en el ítem 7.
  10. Tómense medidas para promover la persecución penal de quienes, medrando con las necesidades de los desposeídos, intenten hacer cualquier tipo de negocio (comprar, vender, alquilar) con tierras que no le son propias.

Como titular del Sindicato Maderero, con muchos compañeros sin vivienda propia, me comprometo a participar en el diseño y/o gestionar ante los organismos de investigación como el CIEFAP u otros, ante los empresarios madereros, proyectos que coadyuven al logro de la vivienda digna de nuestros habitantes y conciudadanos, y -adicionalmente-motoricen la generación de empleo en nuestra localidad.

Si estas medidas se tomaren, entonces sí “las tomas serán ilegales”, porque el Estado no habrá abandonado a su suerte a los pobres y desamparados y, luego también, como suele decirse “Será Justicia”.

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