Regresión ambiental fue el término que empleó el abogado ambientalista Enrique Viale para definir lo que se propone en el DNU y la Ley Ómnibus en materia de acciones sobre nuestro territorio nacional y sus diversos ecosistemas. En su exposición en el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados de La Nación el letrado alertó sobre las consecuencias catastróficas de modificar la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques.

La ley de glaciares  N° 26.639 fue sancionada trece años atrás y se orientó a la protección de los glaciares y sus cuencas hídricas. La norma define un Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares del Ambiente Peri glacial, con el objetivo central de preservar estas reservas estratégicas de recursos hídricos. Se creó además el Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares que actúan como reservas hídricas existentes en nuestro territorio y recabar, por su parte, la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo.

La mencionada ley define a los glaciares como bienes de carácter público y busca preservarlos como reservas estratégicas de agua; proteger la biodiversidad de su ecosistema, estudiarlos como fuente de información científica y valorarlos a su vez en su dimensión de atractivo turístico. En este sentido, se restringen las  actividades que puedan afectar la condición natural de los glaciares, tales como la liberación de sustancias contaminantes, la construcción de obras de arquitectura o infraestructura, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera y la instalación de industrias.

Las reformas a esta ley aluden la protección de las geoformas como “Los glaciares descubiertos y cubiertos en el ambiente glaciar; y los de roca o escombros activos en el ambiente periglacial” aunque demanda que, para ser protegidos, dichos glaciares deberán cumplir con una serie de requisitos: deben estar incluidos en el Inventario Nacional de Glaciares; contar con una perennidad continua de al menos dos años o más; contar con una dimensión igual o superior a una hectárea y tener una función hídrica efectiva y relevante ya sea como reserva de agua o recarga de cuencas hidrológicas. El problema es que ya diferentes organizaciones ambientalistas venían planteando que el Inventario Nacional De Glaciares estaba incompleto. A su vez, estas exigencias habilitan solapadamente (y no tanto) el avance de la mega minería y el extractivismo en territorios antes protegidos y sobre los que aún se precisaban mayores monitoreos y cuidados.

En lo que respecta a la ley  N° 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos,  el proyecto de Ley Ómnibus termina con las exigencia a las personas físicas, jurídicas, públicas o privadas de brindar información  sobre las actividades ambientales que desarrollen; tampoco demanda a las autoridades nacionales del área a presentar un informe anual al Congreso de la Nación sobre la situación ambiental del país. A su vez, la reforma impulsa modificaciones en la jerarquización de áreas aptas para desmonte sin autorización previa. La ley actual configura una especie de semáforo delimitando zonas verdes de bajo valor de conservación, que pueden deforestarse (pues se podría volver a forestar); zonas amarillas, con un valor medio de conservación en las que no se puede deforestar pero se habilita la actividad turística; y finalmente zonas rojas en las que está totalmente prohibida la deforestación. La Ley Ómnibus plantea que pueden deforestar tanto las zonas amarillas como las  rojas. Si a esto sumamos las modificaciones en las leyes de Tierras que habilitan el uso y la explotación de territorios de bosques que hayan sufrido incendios, intencionales o no, vemos que estamos en graves problemas.

Por su parte, distintas organizaciones ambientalistas, sociales e indígenas lanzaron una petición para salvar las leyes ambientales de las modificaciones que aquí detallamos y que supone una regresión ambiental en materia legislativa, así como la inminente destrucción de distintos ecosistemas en nuestro país. Como bien decía Viale en su exposición, estábamos discutiendo el siglo XXI tratando que se instituya una Ley De Protección De Humedales y volvimos pelear por cuestiones del siglo XIX.  La petición puede firmarse online en salvalasleyesambientales.org.

Nuestra comarca tiene una larga historia de lucha en defensa del agua y de los bosques nativos y hemos enfrentado en los últimos años incendios de grandes dimensiones que han puesto en peligro a la población y modificado el paisaje y la biodiversidad de nuestro entorno. El peligro no es hipotético: conocemos de la voracidad del extractivismo, del mercado inmobiliario y de la fragilidad del ecosistema de nuestros valles y montañas. ¿Qué paisaje, qué formas de vida, qué producción agrícola y que turismo podremos tener sobre tierra arrasada?