El jueves 27 de mayo de 2021 por la mañana, una unidad policial de Chubut asesinó a un hombre con padecimientos mentales, sin respetar protocolos y sin el acompañamiento de personal de Salud Mental. 

Alejandro “Tino” John, un productor local de 63 años, se encontraba en su casa de paraje Las Golondrinas cuando policías del Grupo Especial de Operaciones Policiales de Chubut (GEOP) irrumpieron a la fuerza en su domicilio sin presentar orden de allanamiento ni explicar el motivo del mismo, maniataron a su compañera con precintos, persiguieron a John escaleras arriba hasta un cuarto en el primer piso y lo acribillaron de un tiro en la cabeza.

Las versiones oficiales del GEOP fueron las primeras en circular en los medios locales. Afirmaban que la unidad policial había “abatido” a una persona en “un tiroteo” después de que recibieran una supuesta denuncia por parte de un vecino que advertía que John había disparado tiros al aire.

Claudia Costa Basso, compañera de Tino John, relató en varias entrevistas que los cerca de veinte uniformados ingresaron armados, a los empujones, sin identificarse y sin dar a conocer el motivo de su presencia. Claudia y Tino se asustaron. Claudia instó a su compañero a meterse adentro de la casa y Tino, quien se encontraba descompensado tras atravesar distintos picos de estrés en el último tiempo, tomó su rifle y subió las escaleras. Ningún oficial intentó reducirlo. Uno apretó el gatillo.

El día anterior, policías de civil se habían acercado a la chacra familiar sin identificarse y, tras dar cuenta del estado del poblador, advirtieron que volverían al domicilio. Uno de sus hijos solicitó que si se hacía una nueva visita policial, asistieran junto al médico psiquiatra que lo trataba. A pesar de que las fuerzas de seguridad conocían la situación de John, no cumplieron con las pautas para la intervención de los Cuerpos Policiales y las Fuerzas de Seguridad para preservar la seguridad en situaciones que involucren a personas con padecimientos mentales de la Resolución 506/2013.

Abordaje de las intervenciones policiales que involucran personas con padecimiento mental

LaSirena habló con personal de Salud Mental del Hospital de Área de El Bolsón (HAEB), con integrantes de Salud Mental del Hospital Rural de Epuyén y con La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Noroeste de Chubut para conocer cómo se deben abordar situaciones en las que intervienen fuerzas de seguridad y están involucradas personas con padecimientos mentales.

“En el caso de que una persona con padecimientos mentales presente riesgos para sí o para terceros, se debe actuar en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental, se debe poner en conocimiento a los médicos y al equipo tratante, pertenezca al subsector público, privado o de obras sociales. Las Fuerzas de Seguridad deben estar acompañadas por trabajadores de Salud Mental y si el equipo interdisciplinario decide que es necesaria una internación involuntaria, ese es el último recurso terapéutico que se utiliza. Se deberá calmar a la persona e internarla hasta que se pueda volver a compensar”, explicó Andrea Casadei, Psicóloga del hospital rural de Epuyén, adherida a la APDH regional noroeste de Chubut.

Adriana Iribarren, Psicóloga del Equipo de Salud Mental Comunitaria del HAEB desarrolló que “se habla de riesgo y ya no de peligrosidad, concepto que se utilizaba antes, porque la persona no es peligrosa, la persona está descompensada y hay que ayudarla para que pueda volver a compensarse”.

Iribarren agregó que: “si la persona está armada o puede representar un riesgo para terceros, entonces se va con la policía o fuerza que corresponda y el equipo de Salud Mental lo que garantiza son los derechos humanos de las personas con sufrimiento mental, garantiza que no entren al domicilio, que no los lastimen, que no los violenten”.

“Hay técnicas que se conocen desde los trabajadores de salud mental y que las fuerzas de seguridad pueden realizar para reducir a una persona que está en peligro para poder llevarla a la internación. Una vez en la guardia hospitalaria se la médica acorde a la descompensación y se la interna”, concluyó la psicóloga.

Casadei, psicologa de la Provincia de Chubut, aseguró respecto al hecho que concluyó con el asesinato de Tino John que “aún con el más abandónico sistema de salud, existen mecanismos regulatorios para que se trabaje ante una situación así. Las fuerzas de seguridad llevaron al extremo la situación de vulnerabilidad de una persona con padecimientos mentales y la terminaron fusilando. No cumplieron con la Ley de Salud Mental Nacional, no respetaron los protocolos de intervención y deberán dar respuestas”.

En la Comarca Andina, Tino era un vecino reconocido y querido, sin antecedentes de ser agresivo. Padecía de problemas psiquiátricos, tomaba medicación y estaba compensado. Pero en el último tiempo había atravesado distintas situaciones de tensión que lo alteraron. Durante los incendios del 9 de marzo, resistió junto a sus hijos para salvar la casa, pero se le quemaron las plantaciones de frutales con las que se sustentaba, como también el alambrado de la chacra lo cual aumentaba su miedo a las tomas. La falta de servicios empeoraba la situación. En el último tiempo también se hizo cargo de su padre que estaba mal de salud. Para sustentarse y recuperarse después de la catástrofe, la pareja estaba gastando sus ahorros, lo cual significaba un ahogo económico. Según relata su compañera, Tino no quería dejar la casa porque al terreno se metían animales y personas, lo que aumentaba las capas de estrés y reforzaba el temor de que se instalen personas en sus tierras.

La búsqueda de Justicia 

Cientos de vecinos se reunieron frente a la fiscalía de El Hoyo para reclamar Justicia por Tino y presentaron una nota al Consejo de la Magistratura de Chubut para que inicie de oficio una investigación por la orden de allanamiento que dio Diaz Meyer y por las irregularidades de cómo se llevó a cabo el procedimiento. 

El Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, al ser interpelado por la legislatura provincial para que dé explicaciones minimizó los hechos, aseguró que se neutralizó una amenaza y expresó que no creía que lo sucedido hubiera sido el peor final: “el peor final siempre es la muerte de un tercero, un inocente o de un efectivo policial”.

Nelsón Aválos, de la APDH regional noroeste de Chubut, aseguró en conversación con La Sirena que lo que sucedió con Tino es consecuencia de “una política represiva que lleva adelante el ministro de Seguridad de la Provincia” y que “si no hay una investigación con una sanción seria, podemos tener más casos como este”.

Organismos de Derechos Humanos se reunieron de manera virtual junto al Secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla para solicitarle que se controle preventivamente al accionar policial de Chubut, que se investiguen los casos de violencia institucional que están paralizados y que la Secretaría se constituya como querellante en la causa de este vecino de la Comarca, entre otras cosas.

“Es preocupante que el mismo fiscal que pidió el allanamiento del GEOP que terminó con el asesinato de Tino, sea quien lleve adelante la investigación. La investigación la tiene que llevar adelante fuerzas ajenas a la provincia”, expresó Ávalos.

El petitorio presentado también busca que se deroguen las resoluciones provinciales 172/2018 -Protocolo de actuación de la policía en manifestaciones públicas- y la Resolución Ministerial N° 145/2020 -protocolo para la utilización de armas de fuego en situaciones con armas blancas- que “configuran el marco normativo en el que amparan sus políticas y actos violentos el Gobernador Mariano Arcioni y su Ministro de Seguridad”.

Por su parte, el premio nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel repudió el homicidio de Tino mediante una carta en la que expresó que espera que la justicia actúe inmediatamente “para que estos actos de violencia policial no queden impunes” y recordó que “en un estado democrático las fuerzas de seguridad deben estar al servicio del pueblo, del bien común y de la democracia”.

A un mes de la muerte de Alejandro “Tino” John en manos de las fuerzas de seguridad provinciales, aún no hay respuestas de la Provincia a los pedidos de informe por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el fiscal a cargo de la investigación es el mismo que ordenó los allanamientos a pesar de los pedidos de organismos de Derechos Humanos para que se lo aparte de la causa y la familia de John junto a vecinos de La Comarca, exigen Justicia.