El mega-decreto de necesidad y urgencia 70/2023 anunciado el 20 de diciembre por Javier Milei por cadena nacional y publicado luego en el Boletín Oficial, propone la derogación total de 41 leyes – y parcial otras siete- y modifica alrededor de 33 leyes, incluido el Código Civil y Comercial. La justificación del presidente recién electo fue la necesidad de adopción de medidas “razonables e imprescindibles para superar la situación de emergencia que afecta a nuestro país”. Más allá de las interpretaciones personales, la Corte Suprema ha desarrollado los estándares constitucionales que habilitan al Poder Ejecutivo a dictar un DNU y que podemos resumir en los siguientes términos:
El Ejecutivo puede ejercer facultades legislativas en condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país. Incluso se exige que estas normas propiciadas en situaciones de extrema singularidad (justamente, un estado de necesidad y urgencia) no regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos, que configuran las características propias del Estado. Al mismo tiempo se subraya que los DNU promulgados no deben basarse en “criterios de mera conveniencia” ajenos a “circunstancias extremas de necesidad” que “no justifican nunca” la decisión de “imponer un derecho excepcional”. Claramente, un decreto que busca modificar leyes laborales, realizar reformas tributarias, electorales y otras modificaciones profundas a nuestro marco legal trasciende por mucho los alcances de un DNU. Obviamente, en este atropello tampoco es original Javier Milei.
Giorgio Agamben ya alertaba sobre el concepto de estado de excepción, que constituye “[una] tierra de nadie entre el derecho público y el hecho político, y entre el orden jurídico y la vida”. El filósofo italiano tomaba como claro ejemplo lo sucedido tras la toma del poder de Hitler en Alemania, quien proclamó el Decreto para la protección del pueblo y el Estado que suspendía artículos de la Constitución de Weimar concernientes a libertades individuales. El decreto jamás se revocó, por lo que jurídicamente todo el gobierno del Tercer Reich se desarrolló bajo un estado de excepción que duró doce años y en el cual se cometieron crímenes de lesa humanidad que todos tristemente conocemos. Agamben plantea que, desde entonces, la creación voluntaria de un estado de emergencia permanente devino una práctica habitual de los Estados contemporáneos, incluso los autoproclamados democráticos. Es claro que, si una medida provisoria y excepcional se convierte en forma de gobernar, se altera la constitución democrática de la división de poderes y se vulneran sensiblemente los derechos civiles.
Hoy se inician las sesiones extraordinarias en el Congreso que durarán hasta el 31 de enero. Los legisladores fueron convocados para tratar 11 proyectos de ley, entre los cuales se encuentra un proyecto de “reforma del Estado”, el restablecimiento del Impuesto a las Ganancias, la movilidad jubilatoria y la adopción de la Boleta Única de Papel. Al tratarse de temas tributarios y electorales, debe pasar obligatoriamente por el Congreso. Por su parte, se conformará la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, integrada por ocho senadores y ocho diputados, que deberá pronunciarse sobre la validez o invalidez del DNU publicado por el Ejecutivo la semana pasada. Después serán los recintos los que voten si se aprueba o no el decreto.
Afín al clima de época, el vocero presidencial Manuel Adorni envió en la mañana de hoy un mensaje a los legisladores que tratarán el DNU: “Los diputados y senadores deberán elegir entre acompañar lo que ha votado la gente, el cambio, esta Argentina que queremos para la gente de bien y sin el peso del Estado, o seguir obstruyendo este cambio y poner palos en la rueda a esto que la mayoría de la gente queremos”. De su declaración emanan algunas certezas: el actual gobierno pone en duda la independencia de los poderes y considera además que las leyes deben sancionarse en favor de un sector de la población (el eufemismo “gente de bien” remite directamente a la siempre vigente expresión popular “gente bien”) y no en pos del bienestar de toda una nación. Volviendo a Agamben, pareceríamos estar en el umbral de indeterminación entre la democracia y el absolutismo.
La carta del día es El Ermitaño, y si bien la idea de aislarse del mundo pueda sonar tentadora, este arcano remite a la necesidad de tomar conciencia, de abocarse a la introspección como camino para el autoconocimiento. Más allá del voto en las últimas elecciones, estamos todos a tiempo de reconocernos como ciudadanos y ciudadanas, haciendo valer nuestros derechos para frenar los impulsos tiránicos que estamos presenciando. No hay margen para la indiferencia.
