El incendio en el Parque Nacional los Alerces sigue activo en los diversos sectores y ya devoró más de mil hectáreas de bosque. Ayer, con la disminución del viento, pudieron trabajar los dos aviones hidrantes, dos helicópteros con helibalde y el avión de observación mientras que las distintas dotaciones de brigadistas desarrollaban tareas en los seis sectores del incendio empleando herramientas manuales y equipos de agua. El jefe del departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Los Alerces (PNLA), Mario Cárdenas, anticipó que están previstos “varios días de trabajo “para combatir el incendio iniciado el pasado jueves.
Las postales del parque en llamas y las columnas de humo estremecen: árboles milenarios, flora nativa y especies animales sentenciados a muerte por los más sombríos intereses. El Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Chubut indicó que los primeros focos identificados en la zona del Arroyo Centinela que luego se unieron en un frente mayor de fuego se originaron de modo intencional.
Como habitantes de una comarca siempre vulnerable a estos atentados ambientales, el dato no nos tomó por sorpresa. La llama de los negocios inmobiliarias y las jugarretas políticas siempre vuelve a encenderse por estos lados. Quizás lo que llamó la atención fue la celeridad con la que Ignacio Torres, gobernador de Chubut, salió a inculpar a las comunidades mapuches por el incendio. En diálogo con el medio Infobae, el mandatario declaró “una vez terminado el incendio vamos a empezar con una investigación muy fuerte para quienes hacen esto desde hace muchos años en Chubut para tomar tierras”. Aunque no tuvo la paciencia para desarrollar la línea de investigación que mencionó puesto que una línea más debajo de la nota ya se despachó contra los delincuentes y chantas que se alinean bajo “falsas banderas de pueblos originarios para cometer delitos”. Por su parte, el gobierno nacional mediante su vocero Adorni reiteró – sin demasiado énfasis – la necesidad de investigar las causas del incendio y aprovechó para advertir que “no convalidan ocupaciones ilegales ni ataques terroristas”. La línea narrativa es clara.
Distintas organizaciones sociales y de derechos humanos contestaron a Torres por sus dichos incriminatorios. Desde el Centro de Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas (CELLPA) alertaron sobre la irresponsabilidad política del gobernador en tanto sus acusaciones no contribuyen a la paz social y al respeto por las comunidades ancestrales y su idiosincrasia. El comunicado denuncia que el mandatario “recurre a la vieja receta anti-mapuche, criminalizando una vez más y de antemano a las comunidades del pueblo que tiene como principio vital el cuidado de la Ñuke Mapu (Madre Tierra) y el Itro Fill Mongen (el entramado de las vidas en el territorio).”
Lamentablemente Torres no aprovechó la atención de los medios nacionales para referirse a las modificaciones en las leyes de bosques que propone la ley ómnibus y que, como ya hemos desarrollado aquí, implican una mayor vulnerabilidad en tanto los territorios quemados dejan de estar inhibidos para venta y/o explotación; así como también la disolución del plan nacional del manejo del fuego que también se detalla en el proyecto de ley. Tampoco se hizo referencia al desfinanciamiento de la Secretaria de Bosques ni a la precarización laboral de los mismos brigadistas que hoy combaten el fuego en el Parque. Con tanto humo, será difícil prevenir el fuego.
