Ayer, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley ómnibus en general, sin tener un dictamen impreso con las modificaciones discutidas en los últimos días.  Aprendan a confiar, ustedes que leen el detalle de los tickets y alguna que otra conversación de whatsapp de su pareja. El tema es que el dictamen fantasma, que ya había atravesado el escándalo por una presunta reescritura lejos del Congreso, consiguió 144 votos a favor y se impuso ante los 109 votos en contra. Las negociaciones entre La Libertad Avanza, el PRO, Hacemos Coalición Federal y la UCR dio sus frutos; ahora comienza la instancia de análisis y debate de los artículos en particular, momento en el cual se incorporarían las modificaciones del esquivo dictamen. Parece que no es momento de ponerse ansiosos.

Mientras tanto, en las afueras del Congreso quienes se manifestaban en rechazo de la ley ómnibus y lxs periodistas que cubrían la jornada, fueron reprimidos por las fuerzas policiales y de gendarmería en un despliegue de violencia propio de la ministra Bullrich. El miércoles vimos como se llevaban detenidas a cuatro mujeres que se habían sentado a cantar el himno a modo de protesta y miembros de la fuerza agredían al diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Toniolli que intentaba interceder para que no las subieran al celular policial; contemplamos también al grupo de jubiladas y jubilados que, desde la vereda, levantaban sus banderas y alegaban “mejor estar acá que en casa muriendo de hambre”. El jueves volvieron las balas de goma, los golpes y el gas pimienta a las inmediaciones del Congreso.

 Como bien explicaba Alfredo Zaiat en la editorial de su programa Cheque en blanco, la violencia institucional fue dirigida especialmente hacia periodistas y reporteros gráficos en un claro atentado a la libertad de prensa y de expresión. Al menos 35 trabajadores de prensa fueron gaseados y baleados de forma deliberada por las fuerzas policiales, de gendarmería y prefectura en una acción represiva sin intenciones de prevenir, pero sí de provocar y dejar un claro ejemplo de lo que son capaces de hacer. Recordemos que las modificaciones que propone la ley ómnibus en materia de seguridad penaliza las reuniones y manifestaciones de las y los ciudadanos.

El gobierno de Javier Milei nos confirma que para imponer un plan de ajuste y miseria a nivel nacional es preciso imponer una violencia material y simbólica. Los ataques injustificados de las fuerzas de seguridad hacia manifestantes y periodistas tienen un claro propósito: adoctrinar mediante el ejemplo. La violencia institucional ejercida durante la sesión de diputados fue, ante todo, una demostración pública del poder del gobierno y su determinación de imponer su modelo de libre mercado a cualquier precio. ¿Cuánto estará dispuesta la sociedad argentina a pagar?