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1391 – De punta en blanco

Hace algunos días que no nos encontramos por acá, los suficientes para corroborar que ha pasado mucho y ha cambiado poco. Desde nuestra última entrega, sin repetir y sin soplar, podemos mencionar el documento de Cristina analizando la cuestión del endeudamiento argentino, el ataque virulento de Milei a Lali (que condensa un desprecio al campo artístico y cultural en general), la quita de subsidios al transporte público, una inflación del 24,2% en enero para la Patagonia , el fracaso de la reunión del Consejo del Salario Mínimo entre las cámaras empresariales, sindicatos y autoridades del Estado (adivinen quien perdió) , tarifazo a las garrafas con un aumento del 204 % y baja de subsidios en el Plan Hogar, el incendio del Parque Nacional Los Alerces que arrasó ya con 7000 hectáreas de bosque y Neuquén , San Antonio y Las Grutas completando el podio de las ciudades más calurosas del país.

Un común denominador de este punteo en apariencia aleatorio es un modelo socioeconómico que se profundiza y que como bien advertía Julia Estrada tras la caída de la Ley Ómnibus, mientras el DNU sigue vigente el plan económico de Milei sigue en marcha y atropellando gente por el camino. En esa línea, el gobierno nacional anunció que dejará de pagar a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que involucra un porcentaje del salario docente, así como también arguyó que no podría existir una paritaria nacional cuando los docentes dependen de las provincias. Arréglense como puedan viene siendo la premisa de la gestión libertaria desde sus inicios y nadie debería sorprenderse por ello.

Las paritarias nacionales y el FONID tienen su historia y han significado un gran avance en los derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación y de la escuela pública en su conjunto. En marzo de 1988, docentes de todo el país comenzaron un paro por tiempo indeterminado convocado por CTERA que tuvo un altísimo acatamiento. La medida se sostuvo por casi tres meses y el 18 de mayo partió una marcha desde los distintos puntos del país que finalizaría cinco días después en una concentración masiva en el Obelisco (la Plaza de Mayo permanecía cercada por las fuerzas de seguridad). La movilización denominada la Marcha Blanca tenía tres demandas centrales: Salario único en todo el país: a igual trabajo, igual remuneración (nomenclador básico común); paritaria nacional docente: para discutir salarios y condiciones de trabajo al igual que los demás trabajadores y ley de Financiamiento Educativo y Ley Nacional de Educación.

 La medida de fuerza nacional consiguió conseguido la aprobación de un nomenclador básico común y la unificación salarial en 21 de las 25 jurisdicciones. Asimismo, el Congreso Nacional sancionó un paquete impositivo para proveer un mayor financiamiento a la educación; se especulaba con la sanción de una ley de Paritaria Docente, impulsada por el diputado Carlos Auyero, finalmente aprobada años después.

Preciso avanzar ahora un poco más en el tiempo y recordar la protesta sindical más extensa de la década del 90 que fue también protagonizada por el sector docente; me refiero a la Carpa Blanca que instalaron los gremios docentes en las afueras del Congreso y que se sostuvo por 1003 días consecutivos en los que los y las docentes realizaron huelgas de hambre rotativas, clases públicas y recibieron el apoyo de centenares de representantes de la cultura, la política y la gestión pública; así como la visita de   7.000 alumnos de escuelas públicas de todo el país. Marta Maffei, secretaria general de CTERA en ese entonces, recordaba que la carpa “Se convirtió en el espacio de una ciudadanía que buscaba una alternativa democrática y plural. Y tuvo éxito, porque para ese entonces Argentina había construido un consenso social alrededor del eje de la educación pública, que no se podía resignar. Con la educación había una política de Estado, no cambiaba cada cuatro años, y Menem intento romperla. La gente reaccionó y entendió que el camino de la educación llevaba a otras cosas más profundas, El menemismo no contó con que había sectores que todavía tenían valores, ética, que no todo se podía comprar”.

El 30 de diciembre se derogó la Ley Federal de Educación y se sancionó la Ley de Financiamiento Educativo. En esa serie de reformas aparece la norma que creó el Fonid ( Ley N.º 25.053) en la que se establecía que el instrumento iba a ser financiado con un impuesto anual cobrado a los titulares de autos y motos de alta gama, embarcaciones y areronaves. Lo recaudado por ese tributo iba a ser destinado “al mejoramiento de la retribución de los docentes, de escuelas oficiales y de gestión privada subvencionadas, de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires”. Ya en el 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, llegó la sanción de la Ley Nº 26075/06 de Financiamiento Educativo que establecía la constitución de una paritaria nacional. El documento refería en su primer artículo a la mejora “en el uso de los recursos con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades de aprendizaje, apoyar las políticas de mejora en la calidad de la enseñanza y fortalecer la investigación científico-tecnológica, reafirmando el rol estratégico de la educación, la ciencia y la tecnología en el desarrollo económico y socio-cultural del país.” Es decir, poner más plata para mejorar el sistema educativo.

No hace tanto que se dieron estas luchas; como hija de docente primero y como estudiante secundaria después (como ciudadana desde ya) tengo un recuerdo vívido de los meses sin cobrar en plena hiperinflación y de esa enorme carpa albergando los reclamos de muchos sectores de la sociedad que padecíamos día a día las descarnadas políticas neoliberales del menemismo y que hoy vuelven como una novedad salvadora. Cuesta entender que trabajadorxs de la educación hayan votado un proyecto que se opone explícitamente a la escuela pública y a los derechos conquistados, cuesta y duele.

Esperemos que esta cronología de luchas y reivindicaciones no se agote en el 2024, ya sabemos de quiénes depende.

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